Por Stephanie Del Solar
Según la teoría de la justicia de
Jhon Rawls, para que una acción pueda ser denominada “justa” se deben dar dos criterios:
cada persona debe tener el mismo derecho al mas amplio sistema de libertades
básicas posible ( como por ejemplo la libertad
política de votar y postularse a cargos de elección, libertad de expresión, libertad de conciencia ,libertad de pensamiento, entre otros) y el hecho de que las
inequidades sociales y económicas deben ser ordenadas de modo que sean para el
mayor beneficio de los mas desaventajados y atendidas por oficinas abiertas a
personas de todas las condiciones por igual. Así, un trato es llamado justo si
la parte más débil queda en una mejor posición de lo que estaría sin dicho
trato.
Bajo este
contexto, el primer problema aplicable a
los monopolios farmacéuticos es que si bien es cierto todas las personas
tienen el mismo derecho a la salud, todos
los Estados están obligados a generar condiciones en las cuales todos
puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la
disponibilidad garantizada de servicios de salud y sus derivados. El derecho a
la salud no se limita simplemente al derecho a estar sano. Sin embargo, hoy en
día surge la gran problemática de que prácticamente una persona puede acceder a
las medicinas solo si puede pagarlas, donde el precio en muchos casos es
excesivamente caro. Entonces, ¿que ocurre con aquellas personas de bajos
recursos que realmente necesitan de los medicamentos para poder curarse? Ellos
también tienen derecho a la salud y a tener una óptima calidad de vida; sin
embargo, millones de personas en países en vías de desarrollo mueren por
enfermedades que no pudieron ser tratadas debido a la escasez de poder acceder
a dicha medicina fundamental. Por otra parte, al otro lado del diagnóstico, la industria farmacéutica goza de buena
salud,teniendo siempre tendencias al crecimiento económico anual y ganancias que
cada vez superan records históricos.Es
así como bajo este escenario surge una batalla entre la salud pública versus
las ganancias de los monopolios farmacéuticos. Es así que no se considera un trato justo
hacia las personas con limitado poder adquisitivo, ya que si bien es cierto
gozan del mismo derecho a la salud que una persona con dinero, el acceso a este
derecho es muy limitado. Con frecuencia, los precios no corresponden a los costos de producción de
las medicinas sino que se fijan en función de lo máximo que podría pagar un consumidor en
determinado tipo de mercado. El poco conocimiento la forma cómo se establecen
los precios de un medicamento, los pone en clara desventaja y reduce su
capacidad de reclamo. No saben si están pagando lo justo o si simplemente son víctimas de precios que son
impuestos con el fin de hacer cada vez más grandes las ganancias de las
empresas farmacéuticas.
Por otra parte, existe una problemática que envuelve a la OMC, la
protección a la propiedad intelectual y las patentes; razones que de por sí
derivan consecuentemente en la creación de monopolios farmacéuticos, se
traducen en precios mas altos en las medicinas mas esenciales y por ende en un
trato injusto para aquellos que carecen de los recursos para obtener dichos
medicamentos. El otorgamiento de
patentes para medicinas, que se creó como una forma de proteger la propiedad
intelectual con el argumento de promover la investigación y la producción de
nuevas medicinas, sin embargo esto ha originado monopolios que buscan
permanentemente nuevos mecanismos para fortalecerse como tales.La patente establece que
el inventor de un medicamento tenga la exclusividad para fabricar y vender el producto
durante 20 años, en una especie de «monopolio legal», con el fin de que
recupere los gastos invertidos en su invención. Cuando la patente caduca recién
pueden producirse copias idénticas, las famosas medicinas genéricas, que se
venden a menor precio por la competencia que surge al ingresar al mercado
varios o muchos productores con el mismo medicamento. Sin embargo, la mayoría de compañías
farmacéuticas junto con la OMC alegaban
que los fármacos genéricos ofrecidos a bajo precio por laboratorios de países
en desarrollo no eran de buena calidad; generando gran desconfianza en el
público.
En ambos casos, el más desaventajado sale
perdiendo de una situación injusta, ya que las medicinas caras no son
justificables cuando la salud de una persona de bajos recursos está de por
medio; y más aún, cuando las ganancias de los monopolios debido a los altos
precios debería estar generando mayores investigaciones e innovación de productos
en países en vías de desarrollo; cosa que no está ocurriendo.
Los derechos de los involucrados podrían ser respetados en el caso en que haya una oferta accesible para todos los miembros de la población. Por otra parte, los gobiernos también pueden tener acciones que repercutan en cierto grado para que los derechos de las personas no sean pasados por alto, como por ejemplo vigilancia constante de precios para que no se cobren montos injustificados que excluyan a la población de menores ingresos. A la vez, también se debería fomentar el desarrollo en cuanto a investigación de nuevas medicinas que traten y mejoren la calidad de vida de enfermedades más significativas en los países en desarrollo. Por otra parte, también se podría poner condiciones específicas en lo que salud pública refiere dentro de los Tratados de Libre Comercio o Acuerdos Comerciales, que salvaguarden los intereses de las personas de menores recursos; así como limitaciones a las importaciones de medicinas.Se podría buscar beneficios con otros países para la producción de medicinas a menores costos.
Bibliografía:
http://www.ntn24.com/noticias/campana-en-eeuu-busca-que-farm-061800
http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-145/tendencias02.htm
http://www.redge.org.pe/sites/default/files/mediacamentos_cartilla_finall.pdf
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